por Eugenia Silvera Basallo
El sábado 10 de octubre, el oficialismo consiguió que se aprobara la ley de Comunicación Audiovisual luego de un intenso debate generado a partir de la presentación del proyecto en marzo de este año.
El objetivo era “lograr una ley para que todos puedan hablar y se puedan informar”, según lo señaló Cristina Fernández de Kirchner. Y saldar una deuda pendiente: poner fin a la ley 22.285 sancionada durante la dictadura para dar paso a una ley democrática y pluralista, terminando con la concentración mediática que coagula los canales de comunicación e imposibilita la proliferación de fuentes de trabajo.
Para ello, antes de firmar el proyecto se efectuaron consultas en 23 foros y 80 conferencias, que contaron con la participación de varios sectores sociales. Además, al proyecto se le realizaron más de 200 modificaciones, consultándose a tantos constitucionalistas como fueron necesarios.
Pronto, la discusión comenzó a hacerse más visible en la arena mediática. Esta vez, era necesario que la sociedad se enterara de lo que estaba sucediendo: la democratización de las comunicaciones fue un tema que desde la agenda diaria de los medios se intentó reducir a un mero conflicto entre el grupo Clarín y el gobierno.
Los grandes opositores de la ley atacaron a la misma a partir de diversos argumentos: que es la ley K, que el objetivo es el control del mensaje, que es otra jugada del matrimonio Kirchner, que es parecido a lo que hizo Chávez en Venezuela, que impide el consenso o permite la conformación de otros monopolios.
Finalmente, el oficialismo consiguió la aprobación en general del proyecto que contaba con media sanción de Diputados. Así, la ley 26.522 fue ratificada con 44 votos a favor y 24 en contra. El senador justicialista Fabián Ríos señaló que “esta ley tiene un profundo contenido político que busca poner fin a la matriz autoritaria” y que generará empleo a partir del fortalecimiento de las pequeñas empresas.
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